INCREMENTO DE REMUNERACIONES EN EL SECTOR PUBLICO

El crecimiento económico que ha experimentado el país en los últimos años, no ha tenido impacto o reflejado en la mejora de las condiciones de vida de la población, particularmente de los trabajadores del sector publico, donde los ingresos de sus sueldos y salarios no ha tenido ningún incremento desde muchos años atrás.
La propuesta de otorgar un BONO extraordinario a los miembros de las Fuerzas Policiales y de las Fuerzas Armadas, con los fondos económicos proveniente de los saldos presupuestales no ejecutados, de todos los pliegos presupuestales a excepción del sector educación y salud del ejercicio fiscal correspondiente al año 2009, tendría una sana motivación de los legisladores pero que resulta insuficiente y sesgada, por cuanto invocar el sentido de justicia para los policías y militares, sin tener en consideración al resto de los trabajadores del sector publico, estaría limitando un derecho a mejorar los ingresos en igualdad de condiciones para el personal civil, que también sufre de ingresos salariales muy precarios.
Precisamente, el gobierno central es consciente de esta situación, que ha motivado la observación a la iniciativa legislativa, argumentando que este pedido podría motivar demandas del resto de trabajadores del sector publico; por otro lado, señalar que este bono extraordinario tendría un efecto negativo en la caja fiscal, lo cual nos trasmite una señal de alerta para tener en cuenta que la economía del país no goza de estabilidad y solvencia, por más que el Presidente García no se cansa en reivindicar su modelo económico, a fin de tranquilizar la ira del pueblo, que hasta la fecha no siente ninguna mejora en su situación económica y social.
En los últimos años los trabajadores estatales del ramo policial y militar y los servidores civiles, vienen demandando atender sus demandas de incremento de remuneraciones; destacando que en el caso de los docentes universitarios, estos tienen a su favor normas legales y resoluciones que amparan su derecho, pero que el poder ejecutivo se niega a dar cumplimiento.
El argumento que los aumentos debe estar en función de la meritocracia, es una forma burda de eludir la responsabilidad política de atender la justa demanda de los trabajadores estatales a todo nivel; así como también, proceder al nombramiento a plazo indeterminado a quienes por ley corresponda, por cuanto un proceso de evaluación de competencias laborales debe ser una política de revalorización de los recursos humanos, par lo cual se hace necesario una profunda reforma de la función publica estableciendo la carrera publica, para evitar las distorsiones laborales que suceden cuando llega al ejercicio del poder un grupo político determinado.
Finalmente, corresponde al poder ejecutivo mejorar los ingresos de sus trabajadores, que es una política sana de redistribución de ingresos para mejorar la calidad de vida de la población y ampliar internamente el consumo, orientado a dar sostenimiento a la producción nacional y defensa del mercado interno, que debe ser una política sostenida que permita asociar crecimiento económico con desarrollo humano.