AL MOMENTO DE POSTULACIÓN LABORAL

CIUDADANOS NO ESTARÁN OBLIGADOS
A PRESENTAR ANTECEDENTES PENALES

Comisión de Defensa del Consumidor aprueba proyecto a favor de miles de usuarios

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso que preside el parlamentario de Renovación Nacional, Wilder Ruiz Silva, aprobó por unanimidad el Predictamen del Proyecto de Ley Nº 1665 que propone la simplificación del certificado de antecedentes penales en beneficio de miles de usuarios a nivel nacional.

En adelante, en todo concurso público para el personal del sector público y en la ofertas de empleo del sector privado no podrá exigirse la presentación del certificado de antecedentes penales, y bastará una simple declaración jurada de no registrar dichos antecedentes.

“Se acaba de tomar esta decisión porque algunas entidades del sector privado y público piden el certificado de antecedentes penales no obstante que el postulante no sale elegido e innecesariamente le exigen que gaste 52.50 nuevos soles. Ello se reemplazaría con una simple declaración jurada conforme a los principios de presunción de veracidad y de inocencia”, comentó Ruiz.

Recalcó que en caso el postulante salga elegido y el empleador quiera comprobar sus antecedentes penales, este tendrá que solicitar el respectivo certificado o solicitar dicha información al Poder Judicial previa autorización que constará en la misma declaración jurada presentada por el interesado.

De igual manera, se aprobó incluir un artículo para que el Ministerio de Justicia apruebe los formatos de declaración jurada de no registrar antecedentes penales. Esto para hacer más ágil y uniforme la presentación de la declaración jurada y que el empleador pueda utilizarla ante el Registro Nacional de Condenas.

Ruiz Silva, precisó que se incluye el artículo que señala que el costo del Certificado de Antecedentes Penales sea fijado por el Poder Judicial de acuerdo al costo o mantenimiento del servicio; y que los ingresos provenientes de esa fuente solo pueden ser destinados para esa finalidad y su inobservancia conlleve la responsabilidad civil o penal que corresponda.