BANCADA ALIANZA NACIONAL

NORMA CORREGIDA, PUEDE SERVIR PARA EVITAR ABUSOS DEL DERECHO

Los Congresistas del Grupo Parlamentario Alianza Nacional, como todos los peruanos que comparten con nosotros el valor del principio de la buena fe, creemos en nuestro país, creemos en la palabra de la gente y no ponemos en tela de juicio que la norma tuvo quizá la mejor de las intenciones y en principio así debiéramos pensar todos los peruanos.

El Congreso mediante Ley autoritativa (Ley Nro. 29548) delegó facultades al Poder Ejecutivo para que durante el receso parlamentario que por ley procede entre las legislaturas ordinarias, pudiera optimizar la normatividad en la lucha contra el narco-terrorismo, y en base a ésta delegación, el ejecutivo emitió una norma que busca regular materias procesales y penitenciarias relacionadas exclusivamente al personal militar y policial que ha sido procesado o condenado por delitos que implican violación de derechos humanos, que en su redacción pudiera tener implicancias que pueden ser interpretadas como exceso y terminar beneficiando indirectamente a quienes han violado derechos humanos fundamentales y que han sido procesados por tribunales peruanos por actos criminales.

La importancia del Parlamento radica precisamente en la elaboración técnica de las leyes; y es por tanto natural que aquí mismo se cometan errores, con mayor razón en un poder del Estado que no tiene ésta función; pero creemos en la buena fe del ejecutivo que precisamente frente a las alarmas producidas en algunos sectores de la población, a raíz de los peligros de una mala interpretación, hace bien hoy en reconocer que se ha cometido un error y como dice la exposición de motivos de su propuesta, debido a que no se hizo un adecuado estudio consultándose a diversas instituciones jurídicas del país, habiéndose limitado a los Ministerios de Defensa y Justicia, y que de una errada interpretación podría interpretarse que la norma implicaría una especie de amnistía encubierta que pudiera dañar al propio sistema democrático y para lo que obviamente éste Congreso representativo del mandato popular de ninguna manera ha facultado o delegado.

Por esta razón apoyamos la derogatoria, pero queremos dejar constancia para la posteridad que hay personas humanas que tienen excesos de carcelería e incluso existen casos que en que la demora de los procesos mismos sobrepasa la misma sanción impartida por los jueces. Esto ya lo hemos visto mediante el atropello a los derechos civiles de un general como el caso de Walter Chacón por quién tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional con más de 8 años de proceso de investigación sin que hubiera sentencia firme siquiera de primera instancia, situaciones como ésta, también vulneran los derechos humanos fundamentales de la persona por ello entendemos que el gobierno ha pretendido velar por los derechos de los militares que también enfrentaron con valentía el tema del terrorismo y frente a eso también dejamos sentada nuestra protesta y tenemos que como Congreso, abordar el tema, para que no se abuse también de los derechos humanos a través de los procesos judiciales y en ese sentido la Comisión de Justicia y la de Constitución deben priorizar pronto el estudio de toda ésta problemática.