COLUMNA DE OPINIÓN

“TRAIDORES A LA PATRIA”

Ningún país puede pretender su desarrollo sin tener un horizonte energético estable que asegure el abastecimiento necesario de su demanda interna; no preveer ello, condenaría a corto plazo a toda una nación al colapso inminente de su economía con secuelas sociales inimaginables. Por ello, la política energética, es un tema estratégico de seguridad nacional en todo el mundo. En la región, países como Chile y Argentina han construido su política exterior orientado a contrarrestar el desabastecimiento existente de sus reservas energéticas y que han desacelerado su economía al punto de ver amenazadas su industria nacional. Por ello, es indignante saber que existieron peruanos, que bajo el título de funcionarios de primer nivel de estado en el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo, antepusieron sus intereses personales actuando en perjuicio de su propia nación, al entregar nuestra principal fuente gasíferas al mercado externo, sin preveer un inminente desabastecimiento de la creciente demanda gasífera de nuestro mercado local, como ha quedado demostrado en el último informe de la certificadora Gaffney, Cline & Associates dado a conocer por el Ministerio de Energía y Minas. Prueba de ello, es que ya se ha comprometido al mercado externo el 4.1 TCF (Trillones de Pies Cúbicos, en ingles) que representa el el 46.6 %, de los 8.8 TCF que es el total de las “Reservas Probadas Certificadas”; vale decir, que para la demanda interna con el restante 4.7 TCF (53.4 %) no se podría cubrir el 6.0 TCF, (68.2 %) que es el estimado necesario por el Ministerio de Energía para abastecer la demanda interna del Perú por los próximos 20 años. Peor aun así, con la promulgación de Ley 28552 se eliminó la obligatoriedad de abastecer en un horizonte permanente, exponiendo al país ante la incertidumbre de un contrato que no garantiza los intereses de los 28 millones de peruanos; igual despropósito sucedió con la dación del DS 006-2006 que permitió la renegociación del contrato original del Lote 88, inicialmente destinado al abastecimiento del consumo interno, y que ahora estaría imposibilitado de abastecerlo, al estar también destinado a la exportación. No contentos con ellos, estos altos funcionarios, permitieron que se nos venda a tres veces más del precio de exportación, es decir a 1.8 dólares por BTU al mercado interno, mientras que al externo se de a 0.6 dólares por BTU. Lo que equivaldría a decir, -como denuncia el Colegio de Ingenieros del Perú-, que comprar nuestro propio gas en el exterior, nos saldría más barato que adquirirlo en el Perú. Y como si fuera poco, redujeron a la cuarta parte la recaudación de las regalías, al modificar el cálculo de la recaudación sobre la base del volumen del gas vendido y no sobre el producido, hecho que es denunciado en la revista Proactivo por el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, Decano del colegio de Ingenieros, al advertir que el Gas vendido al mercado interno es de aprox. 300 millones, que inferior al monto producido equivalente a 1,200 millones. Todo esto ha sido una suerte de callejón oscuro al cual hemos sido sometidos todos los peruanos, por funcionarios inescrupulosos del gobierno del señor Alejandro Toledo, que se han burlado de todos los peruanos, desinformando y adecuando normas que ahora atentan contra la seguridad energética de nuestro país. Frente a todo estos hechos, el Congreso de la República tiene la imperiosa obligación de investigar a fin de determinar quienes son los principales responsables con implicancia penal que han atentado contra nuestras estabilidad energética, en ejercicio de sus funciones.

DR. WALTER MENCHOLA VÁSQUEZ

CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA